lunes, 26 de octubre de 2020

 

Reunión de ministros anticorrupción del G20

Comunicado Ministerial

Virtual, 22 de octubre de 2020

 

1. Nosotros, los Ministros del G20 con responsabilidades para prevenir y combatir la corrupción, nos reunimos el 22 de octubre de 2020 bajo la Presidencia saudí, para discutir nuestros compromisos como miembros del G20 mientras seguimos predicando con el ejemplo en la lucha mundial contra la corrupción. Este año marca el décimo aniversario del Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20 (ACWG), establecido para hacer recomendaciones integrales para que las consideren los líderes sobre cómo el G20 podría continuar haciendo contribuciones prácticas y valiosas a los esfuerzos internacionales para combatir la corrupción y predicar con el ejemplo. Reconocemos las contribuciones realizadas por todos los países miembros y organizaciones internacionales, y agradecemos a las presidencias anteriores por su liderazgo.

 

2. En un contexto de fragilidad social y económica mundial sin precedentes causada por la pandemia de COVID-19, destacamos la mayor amenaza y el grave impacto de la corrupción en el crecimiento económico, el desarrollo sostenible, la inversión y la innovación de calidad y la confianza entre gobiernos y ciudadanos. Las medidas de emergencia son esenciales en tiempos de crisis económica y recuperación, pero pueden crear el riesgo de apropiación indebida, fraude y otras formas de corrupción. Nos comprometemos individual y colectivamente a fortalecer nuestro compromiso anticorrupción y, en particular, esperamos contribuir tanto al próximo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas contra la corrupción, el XIV Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal y la Novena sesión de la Conferencia de los Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Para ello, destacamos el papel fundamental de la acción multilateral en la lucha contra la corrupción, particularmente a través de la implementación y seguimiento de nuestros compromisos y normas internacionales, y en el intercambio de información y buenas prácticas, reconociendo que esto debe lograrse sin perjuicio de soberanía nacional, derecho interno y principios fundamentales de los derechos humanos.

 

3. Destacamos la importancia de la arquitectura internacional anticorrupción existente, en particular las obligaciones y compromisos descritos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC), la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), la Convención para Combatir el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales e instrumentos relacionados, y las Normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Estos instrumentos comprenden colectivamente un conjunto sólido de medidas que los países deben implementar para prevenir y combatir la corrupción, el lavado de dinero y otros delitos económicos graves relacionados. En consecuencia, nos comprometemos a implementar de manera más efectiva nuestras obligaciones y compromisos existentes, y reconocemos que estos instrumentos deben servir como base para los esfuerzos futuros para ampliar la cooperación internacional y la coordinación contra la corrupción y los desafíos relacionados.

 

Prioridades anticorrupción para 2020

Crisis del COVID-19

 

4. Expresamos nuestro más sentido pésame por la trágica pérdida de vidas y el sufrimiento generalizado resultante de la pandemia del COVID-19. La pandemia ha revelado el posible impacto directo y desproporcionado de la corrupción en las poblaciones vulnerables, ya que el comercio legítimo, la integridad y la transparencia de la contratación pública y las finanzas públicas, la salud, la seguridad y la protección globales, son más vulnerables que nunca a la corrupción en este momento de crisis. Nos comprometemos a colaborar en la entrega de una respuesta global a esta crisis con un espíritu de solidaridad y de acuerdo con la Declaración extraordinaria de los líderes del G20 publicada el 26 de marzo de 2020.

 

5. Reconocemos que aunque la crisis ha requerido una acción rápida, la velocidad y la escala del apoyo económico brindado en respuesta a la crisis pueden aumentar el riesgo de corrupción, fraude y apropiación indebida. Esto, a su vez, podría obstaculizar la eficacia de los esfuerzos de socorro, socavando la confianza en las instituciones públicas y, en última instancia, perjudicando el bienestar de nuestros ciudadanos. Las medidas anticorrupción deben integrarse en los programas de respuesta a crisis nacionales e internacionales para garantizar la transparencia y la integridad; nos comprometemos a continuar con la acción colectiva y coordinada para combatir la corrupción a raíz del COVID-19, en consecuencia, respaldamos el Llamado a la acción del G20 sobre la corrupción y el COVID-19 (Anexo A), desarrollado por el ACWG como un resumen de las áreas clave de enfoque por estos esfuerzos. Para apoyar más a los países en desarrollo y en la implementación de tales medidas, tanto durante esta crisis como en los esfuerzos de preparación para cualquier evento futuro, también damos la bienvenida al Compendio de Buenas Prácticas del G20 para Combatir la Corrupción en la Respuesta al COVID-19 (Anexo F), que proporciona una visión inicial de buenas prácticas para prevenir y combatir la corrupción en el sector de la salud y la entrega de apoyo de emergencia (ayuda, estímulo y socorro).

 

Iniciativa de Riad para mejorar la cooperación internacional en materia de aplicación de la ley anticorrupción

 

6. Reconocemos, teniendo en cuenta el artículo 48 de la UNCAC, la necesidad de fortalecer aún más la cooperación entre las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley anticorrupción, particularmente en las etapas preliminares de las investigaciones. En este sentido, con el objetivo de facilitar la cooperación internacional, incluida la asistencia legal mutua, damos la bienvenida a la iniciativa de Arabia Saudita para la creación de una Red Operativa Global de Autoridades de Aplicación de la Ley Anticorrupción. Esto complementará las plataformas y redes existentes para la cooperación internacional informal, como la Red Global de Aplicación de la Ley de la OCDE (GLEN) y el Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Funcionarios de Aplicación de la Ley de Soborno (LEOs) y la Red de Puntos Focales Globales de INTERPOL / StAR, y se debería fomentar, de manera inclusiva, el contacto directo entre las autoridades policiales anticorrupción. En este sentido, acogemos con satisfacción la Iniciativa de Riad (anexo B).

 

Principios de alto nivel 2020

 

7. De conformidad con el Plan de acción anticorrupción del G20 2019-2021, respaldamos los Principios de alto nivel desarrollados bajo la Presidencia de 2020: los Principios de alto nivel del G20 para el desarrollo y la implementación de estrategias nacionales anticorrupción, los Principios de alto nivel del G20 para promover la integridad del sector público mediante el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y los Principios de alto nivel del G20 para promover la integridad en las privatizaciones y las asociaciones público-privadas (APP). Estos documentos brindarán orientación a los países que deseen (i) revisar, desarrollar o implementar estrategias nacionales anticorrupción; (ii) aprovechar las TIC de manera eficaz y segura para la prevención, detección y lucha contra la corrupción, con respecto a las normas de protección de datos personales; y (iii) involucrar al sector privado en el proceso de privatización o APP y minimizar los riesgos de corrupción (Anexo C).

 

Responsabilidad y transparencia

 

8. Nos comprometemos a cumplir e implementar nuestros compromisos compartidos hacia una mayor responsabilidad y transparencia. Los diversos principios de alto nivel de anticorrupción del G20, rectores y comunes, representan nuestras recomendaciones clave respaldadas por nuestros líderes, desarrolladas de conformidad con el derecho internacional y sin perjuicio de las leyes soberanas. Resolvemos asegurar la implementación efectiva de las recomendaciones previamente adoptadas, así como dar seguimiento a nuestros compromisos pendientes y objetivos más amplios, como se establece en el Plan de Acción Anticorrupción del G20 2019-2021. Además, de acuerdo con el Plan de Acción, y como un mecanismo clave para reflejar nuestro progreso individual y colectivo en la implementación de nuestros compromisos compartidos, damos la bienvenida al enfoque reformado del Informe de Responsabilidad Anticorrupción del G20 (Anexo D) que, por primera vez, proporciona una revisión en profundidad de nuestro progreso colectivo en la cooperación internacional y la recuperación de activos, e informa sobre eventuales áreas de trabajo en el futuro de estas áreas. Este enfoque puede ser desarrollado por futuras presidencias y el ACWG publicará informes de rendición de cuentas anualmente en el futuro. Al hacerlo, mejoraremos la accesibilidad de los resultados del G20 ACWG y facilitaremos la participación de personas y grupos fuera del sector público, incluida la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunitarias, academia, medios de comunicación, el sector privado y otras partes interesadas.

 

Prioridades anticorrupción en curso, cooperación internacional y recuperación de activos

 

9. Reconocemos que la cooperación internacional es esencial para la investigación y el enjuiciamiento de casos de corrupción transnacional, incluidos los relacionados con la recuperación del producto del delito; por lo tanto, nos comprometemos a mejorar la investigación de casos, la comunicación y el intercambio de experiencias en esta área. En consecuencia, nos comprometemos a actuar de acuerdo con las recomendaciones previamente aprobadas con respecto a la recuperación de activos. Los esfuerzos efectivos en esta área requieren que todos los países tomen medidas internas y participen en la cooperación internacional. Nos comprometemos a trabajar juntos para rastrear, congelar y confiscar el producto del delito, así como para garantizar que dichos activos confiscados se devuelvan o eliminen de manera efectiva y transparente, según corresponda, y de manera compatible con nuestras leyes nacionales y obligaciones internacionales como la UNCAC. También nos comprometemos a abordar la devolución de activos en un espíritu de asociación entre los países de transferencia y de recepción, otros propietarios legítimos anteriores y, según corresponda, la sociedad civil. Con este fin, acogemos con agrado el Documento de evaluación sobre la cooperación internacional para abordar los delitos económicos, los delincuentes y la recuperación de activos robados, preparado por la OCDE en colaboración con la Secretaría del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Grupo del Banco Mundial (WBG) para el G20 (Anexo F). Sobre la base de este documento, respaldamos la Acción del G20 sobre cooperación internacional contra la corrupción y los delitos económicos, los delincuentes y la recuperación de activos robados (Anexo E).

 

Transparencia de la propiedad real

 

10. Nos comprometemos a implementar de manera efectiva y, según sea necesario, a tomar medidas adicionales para prevenir el uso indebido de personas jurídicas y los arreglos para el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo, incluso cuando la corrupción es el delito determinante. Redoblaremos nuestros esfuerzos para predicar con el ejemplo en la implementación de medidas para identificar a los beneficiarios finales de entidades y acuerdos legales.

 

Eliminar los refugios seguros

 

11. Nos comprometemos a actuar colectivamente para negar refugio a las personas que hayan cometido delitos tipificados de conformidad con la UNCAC, y al producto de sus delitos, de manera compatible con nuestras leyes nacionales. Nos comprometemos a evitar que esos delincuentes eludan la justicia, independientemente de su rango, posición o estatus, frenar el ocultamiento transfronterizo del producto de la corrupción y perseguir la penalización y el enjuiciamiento de los delitos de corrupción y la recuperación y devolución de los activos robados confiscados, cuando corresponda, de conformidad con nuestras leyes nacionales y obligaciones internacionales en virtud de la UNCAC. Además, nos comprometemos a fortalecer el intercambio de información y la cooperación en la investigación de casos y a considerar, según sea necesario, la posibilidad de concluir acuerdos o arreglos bilaterales y multilaterales sobre extradición y asistencia judicial recíproca, según corresponda.

 

Penalización del soborno

 

12. Nos comprometemos a garantizar que cada país del G20 tenga una ley nacional vigente para tipificar como delito el soborno, incluido el soborno de funcionarios públicos extranjeros, y a multiplicar los esfuerzos para prevenir, detectar, investigar, enjuiciar y sancionar de manera eficaz el soborno nacional y extranjero. La lucha contra la corrupción en el comercio y la inversión internacionales, como dimensión clave para promover la igualdad de condiciones, sigue siendo una de las principales prioridades del G20. Alentamos a los países a promover la cooperación con el sector privado en este tema y alentamos a las empresas de los países del G20 a tomar las medidas adecuadas para crear conciencia sobre los riesgos de la corrupción y desplegar sistemas efectivos de mitigación y cumplimiento. Nos esforzaremos por fomentar un entorno empresarial limpio, regulado y apoyado en la ley, basado en el consenso internacional ejemplificado por la UNCAC. Además, acogemos con satisfacción la profundización de nuestro compromiso con el Grupo de Trabajo de la OCDE sobre soborno. Demostraremos esfuerzos concretos para 2021 para tipificar como delito el soborno en el extranjero y hacer cumplir la legislación sobre soborno en el extranjero de conformidad con el artículo 16 de la CNUCC, y con miras a la posible adhesión de todos los países del G20 a la Convención contra el soborno de la OCDE. El ACWG revisará y proporcionará una actualización sobre este progreso en 2021

 

Integridad del sector público

 

13. Nos comprometemos a mejorar la integridad y la eficiencia del sector público garantizando la transparencia y el acceso a la información sobre adquisiciones públicas, actuando de acuerdo con principios de alto nivel previamente respaldados. Nos comprometemos a promover un crecimiento inclusivo, sostenible y equitativo para todos, basado en los principios de una gobernanza sólida, mediante la promoción de la justicia, la integridad y la transparencia en la contratación pública y los presupuestos públicos. Con este fin, agradecemos la colaboración entre los organismos anticorrupción y las entidades fiscalizadoras superiores, entre otros. También hacemos hincapié en la necesidad de promover una participación más amplia del sector privado y de la sociedad civil como parte de un enfoque holístico para prevenir la corrupción y reconocemos que la mejora de las leyes, reglamentos, auditorías internas y externas, políticas y procedimientos de adquisiciones, puede fomentar la confianza que esto requiere.

 

Integridad del sector privado y las ONG

 

14. Nos comprometemos a promover la integridad en cooperación con el sector privado y las organizaciones no gubernamentales (ONG). Para lograr esto, fomentaremos la adopción de programas y códigos de conducta adecuados de ética y cumplimiento anticorrupción por parte de entidades privadas relevantes, así como organizaciones deportivas. Reconocemos el importante papel que puede desempeñar la sociedad civil en el fomento de una cultura de integridad y en el apoyo a la implementación efectiva de principios relevantes de alto nivel previamente respaldados, de conformidad con nuestras leyes nacionales y obligaciones internacionales.

 

Participación de los interesados

 

15. Nos comprometemos a adoptar y promover un enfoque de múltiples partes interesadas para prevenir y combatir la corrupción mediante el fortalecimiento de nuestras alianzas con organizaciones internacionales, personas y grupos fuera del sector público, incluida la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de base comunitaria, el mundo académico, medios de comunicación y el sector privado. Reconocemos que nuestros objetivos compartidos no se pueden lograr sin un esfuerzo colectivo de todos los grupos de la sociedad. También agradecemos los esfuerzos por profundizar nuestra colaboración con otras corrientes de trabajo al margen del G20.

 

Camino a seguir

 

16. Frente a un entorno mundial que cambia rápidamente, nos comprometemos a perseguir individual y colectivamente una agenda anticorrupción integral y holística, con el debido respeto por los principios fundamentales del estado de derecho y los derechos humanos. Recordamos nuestra postura de "tolerancia cero hacia la corrupción, cero lagunas en las instituciones y cero barreras en la acción". Predicando con el ejemplo, damos la bienvenida al trabajo futuro potencial sobre temas como género y corrupción, corrupción en tiempos de crisis, la medición de la corrupción, la protección de los denunciantes y vías nuevas y emergentes de corrupción, así como todas las demás áreas mencionadas en el Plan de acción anticorrupción del G20 2019-2021. Además, nos esforzaremos por mejorar nuestra asistencia técnica y los esfuerzos de creación de capacidad para los países en desarrollo en los próximos años.

 

17. Agradecemos a la Presidencia saudita por su liderazgo durante un año particularmente desafiante y por convocar la Reunión Ministerial Anticorrupción inaugural. Diez años después de la creación del ACWG, esta reunión representa el compromiso duradero de los miembros del G20 de construir una cultura que rechace la corrupción en todas sus formas y garantice que los miembros del G20 continúen desempeñando un papel de liderazgo en la lucha contra la corrupción. Invitamos a las futuras presidencias a volver a convocar periódicamente esta Reunión Ministerial según corresponda para este fin, así como para apoyar el cumplimiento de los compromisos asumidos en las Declaraciones de los Líderes anteriores y establecer la dirección del trabajo futuro del ACWG.

Anexos. Consultar en http://www.g20.utoronto.ca/2020/2020-g20-anticorruption-1022.html

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Cuestionario sobre corrupción a los gobiernos de los países G20. Responses to the G20 Survey for the Good Practices Compendium on Combating Corruption in the Response to COVID-19.  Ver en:

http://www.g20.utoronto.ca/2020/G20_Compendium_COVID-19_Annex_Country_Responses.pdf

 

Preguntas no respondidas por el gobierno argentino.

1 ¿Su gobierno ha evaluado los riesgos de corrupción nacional o transnacional que surgen durante la pandemia de COVID-19, ya sea a través de una evaluación de riesgo formal u otros medios informales? En caso afirmativo, proporcione un resumen de esta evaluación o hallazgos clave (su respuesta puede incluir sitios web o compartir documentos relevantes, como planes anticorrupción para mitigar los riesgos de corrupción que surgen en relación con la crisis de COVID-19). R: N/A

2 ¿Ha realizado su gobierno alguna evaluación previa del riesgo de corrupción que sea relevante para las actividades que se están llevando a cabo, o los riesgos presentes en la situación de pandemia actual u otros escenarios de emergencia (por ejemplo, una evaluación de los riesgos de corrupción en el sector de la salud que existían de antemano, una evaluación de los procesos de adquisiciones de emergencia, etc.)? En caso afirmativo, proporcione un resumen de esta evaluación o hallazgos clave (su respuesta puede incluir sitios web o compartir documentos relevantes). R: N/A

3 Describa los 3 a 5 riesgos principales de corrupción que su país ha identificado (tanto a corto como a largo plazo) que surgen en relación con la crisis del COVID-19. Cuando sea posible, indique si estos riesgos estaban presentes o eran altos antes del inicio de la pandemia. Al describir los riesgos, puede considerar la siguiente lista (no exhaustiva):

• Riesgos de corrupción y fraude en la adquisición pública de medicamentos, suministros médicos o cualquier bien o servicio relacionado (esto puede incluir aumento de precios, soborno, auto-negociación y cualquier otro riesgo que se produzca específicamente como resultado de las reglas de contratación pública que permitan la entrega rápida de bienes / servicios durante la pandemia).

• Riesgos de corrupción en otros sectores no relacionados con la salud (por ejemplo, aquellos con una mayor interacción con empresas estatales o controladas por el estado o clave para la recuperación, cadenas de suministro de alimentos, sectores de transporte, información y comunicaciones).

• Soborno de trabajadores de la salud o funcionarios públicos con el fin de ser priorizados para las pruebas o para la prestación de otros servicios de salud durante la pandemia.

• Desvío o explotación de fondos gubernamentales u otros activos (por ejemplo, PPE, equipo de ventilación).

• Facturación fraudulenta al gobierno o compañías de seguros por la prestación de servicios sanitarios.

• Influencia indebida y conflictos de intereses en la prestación y regulación de la atención sanitaria (incluido el desarrollo de fármacos y la entrada al mercado), la formulación de políticas y la evaluación.

• Suministro de suministros médicos y / o medicamentos falsificados.

• Uso de suministros de socorro por bandas y organizaciones criminales para coaccionar, intimidar y / o cooptar a las comunidades locales, socavar el apoyo del gobierno y financiar actividades ilegales.

• Aumento del fraude ciberdelincuente relacionado con COVID-19.

• Impidió acciones de ejecución anticorrupción debido a la crisis del COVID-19.

• Impedimento en la provisión de cooperación internacional (p. Ej. asistencia) debido a la crisis del COVID-19.

• Aprovechar el desembolso de paquetes de estímulo / rescate / ayuda económica nacional, que incluyen:

- Funcionarios que soliciten sobornos para influir en el desembolso de fondos de estímulo o ayuda a empresas o individuos específicos.

- Se ofrece, promete o da sobornos a funcionarios para influir en el desembolso de fondos de estímulo o ayuda a empresas o personas específicas.

- Sexplotación (incluida la explotación sexual y la sextorsión) y abuso de comunidades vulnerables o marginadas a cambio de apoyo financiero o en especie como parte de los servicios de apoyo económico / social.

- Esquemas como la creación de beneficiarios falsos o inexistentes para malversar fondos de estímulo / ayuda.

• Explotar la ayuda financiera internacional relacionada con COVID-19 u otro tipo de apoyo.

• Riesgos de corrupción en las actividades regulares del sector público y privado como resultado del aumento del trabajo desde casa, donde hay menos controles y controles anticorrupción en funcionamiento. R: N/A

4 Si es posible, proporcione ejemplos de casos detectados o sospechosos de corrupción o fraude nacional o transnacional, de acuerdo con las áreas de riesgo clave mencionadas en la pregunta 3. Incluya un resumen del acto detectado o sospechoso y cómo se detectó. Cuando dicha información sea sensible, proporcione ejemplos del tipo de incidente que ha ocurrido. R: N/A

6 ¿Cuáles son los controles, salvaguardas y medidas anticorrupción que su gobierno ha implementado para abordar los riesgos de corrupción identificados en la sección (A)? Destaque cualquier medida o procedimiento especial que se haya introducido durante la pandemia (por ejemplo, líneas telefónicas directas para denunciar la corrupción en la asignación y el desembolso de los fondos de respuesta a la crisis, un grupo de trabajo de cooperación interinstitucional entre las autoridades anticorrupción, cooperación a través de las fronteras internacionales, ex-post facto auditorías de gastos relacionados con la crisis, publicación de información sobre el beneficiario real de las empresas adjudicatarias de contratos públicos, etc.) R: N/A

10 Si es posible, proporcione una descripción general de cómo las partes interesadas no gubernamentales (por ejemplo, la sociedad civil y los medios de comunicación) han apoyado los esfuerzos de supervisión para detectar el fraude y la corrupción durante la respuesta de su país a la pandemia. ¿Existe alguna política y práctica específica que tenga su país para facilitar estos esfuerzos? R: N/A

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